Desde la aparición de la Democracia en España, la tasa de desempleo ha sido un fiel reflejo de varios factores que han atenazado a la economía, como son:
1) Los problemas estructurales que han caracterizado y caracterizan la economía de España.
2) Las nefastas políticas de reforma laboral que han abordado las diferentes administraciones
3) La poca elasticidad contractual de la masa laboral y su precariedad tanto en el objeto como en su naturaleza de ser.
Podemos observar como a mediados de los años 70, se presenta una tasa de desempleo relativamente alta para los estándares de la población activa existentes en ese momento.
Las causas de estos índices son la grave recesión económica que afecta a la práctica totalidad de los países del mundo, por la crisis petrolera del año 1973, que afectan más negativamente a España por su dependencia energética y financiera del exterior.
Nos encontramos con una inflación del 17% en 1977, sin que se tomen medidas de contención salarial, lo cual hace que la subida de los salarios brutos alcance la estratosférica cifra del 30%. Estas circunstancias provocan que crezca el paro hasta prácticamente un 7% en 1978.
Por otra parte, nos encontramos en los convulsos años de la Transición, que hacen que se produzcan drásticos cambios en la legislación laboral. El gobierno de Adolfo Suárez, mediante una política pactista, de consenso entre todas las fuerzas políticas, intenta aplicar medidas para la reforma del país. Sin embargo, no logra modificar la estructura de la economía ni flexibilizar el mercado de trabajo. A esto hay que unirle un repunte en el precio del petróleo, sin que se hubiera podido controlar la inflación, lo cual afecta muy negativamente al conjunto de la economía, con una tasa de déficit público desbocada, que pasa del 1,1 al 5,5% del PIB y una tasa de paro que alcanza el 16% en 1982.
Con la llegada de los socialistas al poder, en 1982 se realizan una serie de reformas que solucionan temporalmente las cifras del Estado, pero no ahondan en los problemas estructurales.
Es una época de menos consenso entre las fuerzas políticas y sindicales, con medidas de carácter unilateral por parte del gobierno.
Se realiza una profunda renovación de la estructura contractual, con la aparición de contratos que flexibilizan el mercado, se sanea y ajusta los sectores productivos, mediante políticas de reconversión, se logra controlar la inflación y la balanza de pagos alcanza niveles positivos.
No obstante, a pesar de que aumenta la población activa, la tasa de desempleo se mantiene en niveles altos. Esto es debido a la precariedad laboral, ocasionada por esa excesiva movilidad temporal de los trabajadores, a causa de la reforma laboral y la aparición de contratos de poca duración y mala remuneración, con poca o nulas liquidaciones de contrato y recortes en las prestaciones por desempleo.
Por ello, no encontramos a mediados de los 80 con una economía que crea empleo, pero no lo mantiene a largo plazo, con lo que las cifras de desempleo se mantienen relativamente altas y una economía que ha sido más orientada a mejorar los índices macroeconómicos del Estado que a intentar mejorar la productividad, rentabilidad y diversificación del sistema productivo.
Con la entrada del país en la CEE (Comunidad Económica Europea) en 1986 y la noticia de que España celebrará los Juegos Olímpicos en 1992, se acelera la necesidad de contratar más mano de obra, para mejorar las infraestructuras y modernizarlas de cara a la cita olímpica. Es de destacar la entrada masiva de capitales extranjeros, atraídos por los altos tipos de interés. Las cifras de desempleo muestran un ligero descenso, pero siguen siendo relativamente altas para la el crecimiento general que experimenta el país por esta época.
Al acabar la cita olímpica, la recesión de los años 1993-1995 afecta muy negativamente a la tasa de población activa. Es aquí cuando se demuestra el desajuste estructural de la economía española. La poca diversificación en los diferentes sectores productivos, índices de rentabilidad muy inferiores a la media europea, una legislación laboral que permitía una condiciones de despido muy poco favorables a los trabajadores y una ineficacia por parte del Gobierno para acometer los necesarios cambios para cambiar el rumbo provocan una tasa de desempleo del 24% en 1994.
Con el cambio político de 1996, el cómputo global de la economía mejora, gracias a la mejora de la coyuntura económica y a una política económica que basaba sus prioridades en la contención del gasto, reducción de la deuda pública, mediante una severa política de privatizaciones y modernización de las estructuras productivas gracias a los Fondos Estructurales que llegaban de Europa.
Además, en legislatura de los años 2000-2004 se llegó a una política de déficit cero en 2001, equilibrio presupuestario en 2002 y superávit en las cuentas públicas en el año 2003. En el año 2000 se sanea el déficit de la Seguridad Social y se crea ese mismo año el Fondo de Reserva de la Seguridad Social que al final de la legislatura tiene 15.000 millones de euros para ser empleados en caso de necesidad.
Sin embargo, esta realidad no empaña la precariedad laboral en la que ahonda el mercado de trabajo. Los sectores que lideraron el crecimiento de la actividad laboral (construcción, hostelería, servicio doméstico...) generaron empleos poco productivos, con bajos salarios. Los contratos temporales aumentaron hasta llegar a representar 1 de cada 3 puestos de trabajo, siendo esta cifra un 250% superior a la media europea.
No obstante, las cifras de desempleo llegaron a bajar 10 puntos porcentuales respecto a la época del anterior gobierno, situándose su tope más bajo en el año 2001, con una tasa del 10,3 %.
Los problemas estructurales seguían sin ser planteados como una prioridad. Las tasas de rentabilidad seguían siendo bajas respecto a los países de la eurozona y las reformas del mercado de trabajo seguían sin ser efectivas a pesar de haber tenido 4 desde el inicio de la democracia.
A pesar del cambio político de 2004, se siguió apostando por los sectores que habían permitido el crecimiento ininterrumpido de la economía desde hacía 8 años. La cifra de desempleados seguía bajando hasta niveles nunca vistos, como demuestra el 8,3% de desempleo alcanzado en 2007. Sin embargo, la excesiva dependencia del sector constructivo, la nula transformación y solución de los problemas estructurales en los sectores productivos y la poca rentabilidad de la economía en su conjunto, fueron añadidos a la grave crisis económica desatada a partir del 2008. La cifra de paro creció en 2008 a un 11,3 % y en el año 2008 a un 18,4%.
A pesar de lo reiterativo que puede llegar a ser la premisa anunciada a lo largo de la exposición de los datos, si no se busca una diversificación en los sectores productivos y no se aborda la tremenda precarización en el mercado laboral, especialmente en los contratos laborales, con la excesiva diferencia en los costos entre fijos y temporales, aún cuando no hay una gran diferencia en la productividad y rentabilidad entre unos y otros, no se logrará alcanzar una reforma que satisfaga las necesidades del país en general. Debe plantearse un cambio que puede ser traumático para las condiciones que conocemos, pero necesario para evitar que se repita la situación en la que estamos inmersos.
